Spagna, emittenti illegali a rischio chiusura

Un'altra polemica di questi giorni in Spagna riguarda un emendamento chiesto dal PSOE sulla già abbastanza discussa Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. Con l'emendamento 117, scrive PRNoticias, risulterebbero contate le ore di libertà d'antenna per un gran numero di stazioni radiotelevisive che ancora operano senza licenza. Secondo la AERC nel 2004 ci sarebbero state oltre 2.200 emittenti ufficialmente illegali, il doppio di quelle con regolare permesso, ma PRNoticias fornisce una cifra anche maggiore citando la stessa fonte.
La modifica del testo di legge consentirebbe alle autorità di chiudere d'ufficio e cautelativamente le radio e le televisioni illegali, senza nemmeno attendere scadenze naturali come lo spegnimento del televisivo analogico. Aumentano inoltre le possibilità di censura dei contenuti dei siti Web. Le critiche che sono state sollevate nel Paese hanno già portato a un diverso atteggiamento nel partito socialista. Il quotidiano ABC rivela che gli esponenti del PSOE si sono detti disposti a fara un passo indietro, in direzione di una legge che non comporti poteri di intervento così automatici e indipendenti dalla dec isione della magistratura.

El PSOE presenta enmiendas para acabar con los siempre cuestionados 'piratas'
¿Cuantas emisoras ilegales de Radio y TV hay en España?
01/10/2007 18:03:43

La polémica Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) no cesa en su empeño de dar que hablar. Y es que en una reciente enmienda presentada por el PSOE, establece el derecho de clausura de webs amparándose en su contenido. Pero las cercas del campo informativo no son solamente para Internet, las empresas de radiodifusión y televisión que emiten en la actualidad, unas 3.000 radios y otras tantas televisiones también peligran. Tras conversar con PRNoticias, UTECA y AERC se amparan en la defensa de la legalidad para apoyar dicha ley.
El Grupo Socialista ha presentado varias enmiendas a la LISI. Hace unos días se conocía la repercusión en la Red, pero también se centran en todas aquellas emisoras de Radio y de Televisión que en la actualidad se encuentran en alegalidad. La enmienda 177 contempla que el Gobierno pueda clausurar cualquier emisora de radio o TV que opere sin licencia, incluso antes del apagón de 2010, con multas de entre 60.000 y un millón de euros.
La mayor parte de estas emisoras, las de televisión, estaban ya condenadas a su cierre, de cara al apagón analógico, sin embargo ahora puede adelantarse ese momento. Según aseguraba Jorge del Corral, secretario de UTECA, en declaraciones a PRNoticias, lo importante antes de conceder licencias es ‘limpiar’ el espectro de operadores ilegales. 'UTECA siempre está del lado de la Ley y exigimos al Gobierno que vigile el espectro'.
Los operadores privados de televisión, especificaba Del Corral, comparan la legalidad de uso de este espectro con la propiedad de un piso y añaden, si se preserva la propiedad de un propietario, de igual modo ha de hacerse con la licencia de un operador. Por lo que afirmaba, ‘ahora mismo hay muchísimas emisoras piratas, imposible saber cuantas, lo que hay que hacer es perseguirlas, nosotros estamos de parte de la legalidad’.
Mientras, en el caso de los radiodifusores, y debido a la concesión autonómica de nuevas emisoras, prevista para finales de este año, casi el doble de las ahora existentes, provocará que el espectro se vea enormemente masificado. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial, AERC presentó en 2004 un informe ante el Ejecutivo en el que se hacía un recuento aproximado de las emisoras ilegales en España, unas 2.928 frente a 1.191 legales.
AERC, denunciaba el pasado mes de julio que la Administración debía proteger los derechos de las emisoras legales y exigían que primara la ley por encima de cualquier aspecto para conceder dichas licencias. Así las cosas, la Radio, la televisión, y también Internet, necesitarán títulos habilitantes, o sino será tipificado como infracción grave. En la Red, según las enmiendas del Grupo Socialista, se establece que los tribunales sólo podrán clausurar una web cuando su contenido afecte a los derechos y libertades de expresión y de información de los ciudadanos.
Para la Asociación de Internautas (AI) esto significa que en el resto de casos no contemplados en el artículo, la Administración podrá censurar los contenidos de los sitios de Internet sin el previo procedimiento judicial. Además, la AI explica que el texto legislativo no explicita quién será la autoridad competente para cerrar las web ni el procedimiento o ámbito de aplicación a seguir para realizarlo. Complejopanorama, de cuya evolución seguiremos atentos.
Seguiremos Informando...


El PSOE rectifica y retirará los cambios previstos para radio y TV

F. Á. / J. M. N.
MADRID
El grupo parlamentario socialista manifestó ayer su disposición a dar marcha atrás y retirar la enmienda 177, que había introducido en la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), y que fijaba sanciones extremas para las cadenas de radio y TV. La estrategia de los socialistas, desvelada ayer por ABC en estas mismas páginas, pasaba por modificar la vigente normativa audiovisual para hacer responsables a los titulares de cadenas o plataformas emisoras de todos los contenidos que inlcuyeran, aunque no hubieran participado en la elaboración de los mismos y acturaran como meros arrendadores.
Durante la ponencia parlamentaria celebrada ayer y ante el revuelo suscitado tras la publicación de la citada enmienda, los socialistas optaron por ofrecer la retirada del texto. No obstante, será preciso esperar a la comisión del próximo 17 para comprobar si la intención de rectificar es auténtica o si se trata de una nueva estrategia para ganar tiempo.

Cierre como medida cautelar

Cabe recordar que la enmienda 177 establece el cierre de las emisoras de radio y TV como medida cautelar: «La prestación de un servicio de radio o televisión sin título habilitante, con independencia del tipo de servicio de comunicaciones electrónicas utilizado para su transmisión, se tipifica como infracción muy grave y dará lugar a la aplicación del oportuno régimen sancionador, pudiendo adoptarse como medida de carácter provisional el cierre de la actividad. Esta infracción implicará una multa económica de entre 60.000 y 1.000.000 euros».
Semejante régimen sancionador fue interpretado de inmediato en el sector de la comunciación como un sistema extremo para forzar el cierre de los operadores, siendo especialmente coercitivo para aquellos de carácter local, que de ninguna manera podrían hacer frente a multas de tal magnitud. De esta forma, la Administración podría depurar el espectro radioeléctrico con relativa facilidad.
Durante la misma ponencia, además, los socialistas se mostraron partidarios de reconsiderar otros dos aspectos fundamentales de la LISI que afectarán a los internautas y a las páginas web. Otra de las enmiendas presentadas por el PSOE, en efecto, pretendía convertir la banda ancha en un «servicio universal», equiparable al del teléfono, y se remitía para ello a la correspondiente normativa europea. Una legislación que no incluye referencia alguna a la banda ancha. La tercera propuesta a debate, quién tendrá, después de la publicación de la ley, potestad para decidir el cierre de una página web, también sufrió modificaciones durante la ponencia de ayer. Parece que, al final, el PSOE se ha convencido de que sólo un juez puede llevar a cabo tales medidas.